(Foto: Felipe Pinto)
Convencida de que debe existir un proceso de diálogo efectivo entre las comunidades y las empresas previo al ingreso de un proyecto al SEIA, la experta en medio ambiente y ciudadanía apunta a nuevas transformaciones regulatorias para otorgarle más importancia a la instancia decisiva.
Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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“Todo lo que es ambiental es social. Es imposible separar estas dos aristas”. Así de tajante es la experta medioambiental Andrea Sanhueza, al hablar sobre temas que han copado el debate en el mundo minero y energético, como el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la participación ciudadana, el rechazo a grandes proyectos y las elecciones presidenciales.
Para la especialista en ciudadanía y medioambiente de la Cepal y directora de Fundación Multitudes, es fundamental que el país apunte a un desarrollo sostenible, donde los pilares económico, social y medio ambiental se desarrollen de manera similar a largo plazo.
Pero Andrea Sanhueza sabe que falta mucho por hacer. “Actualmente, el pariente pobre del desarrollo sostenible es el aspecto ambiental y social. Por eso hoy tenemos el deterioro ambiental que vemos, y el nivel de desigualdad que cala hondo en Chile”, comenta en entrevista con Revista Nueva Minería y Energía.
¿Cuál es su opinión sobre la institucionalidad ambiental vigente?
Sin duda, la institucionalidad ambiental ha mejorado y se ha fortalecido con el tiempo. Si se analizan las naciones de América Latina, Chile es uno de los dos países que tiene tribunales ambientales. Por lo tanto, hemos avanzado.
Sin embargo, hay muchos desafíos en relación a los proyectos que ingresan al SEIA. Hoy podemos decir que la evaluación ambiental de los proyectos no da el ancho, porque no existen otros instrumentos de gestión ambiental para poder ver cómo organizar un territorio, teniendo en cuenta los aspectos sociales y ambientales. Este es un sistema que le estamos pidiendo más para lo cual está hecho, pese a que sin duda puede mejorar.
Sumado a ello, hay retos sobre quiénes son los que deciden en un determinado proyecto, cuáles van a ser esos proyectos, la trasparencia respecto al impacto de esa iniciativa, y cómo se van a mitigar, compensar, o cambiar el diseño del proyecto.
Este es un nudo importantísimo hoy en día. De hecho, hay muchos proyectos frenados porque los proyectos no tienen una Licencia Social, y tampoco hay canales efectivos de participación ciudadana, por eso la gente accede a la justicia. Es malo que los proyectos se judicialicen, porque deberíamos ser capaces de tener otros canales y procedimientos para resolver esos conflictos. Sin embargo, es fantástico que se puedan judicializar si es que no existe otra alternativa.
¿Cree que los cambios en los que trabaja el gobierno para reformular el SEIA significarán un avance a la situación medioambiental del país?
Respecto al tema de participación, no. Hay dos visiones respecto al SEIA. Una, tal como lo dice su nombre, es una evaluación de impactos ambientales. Por lo tanto, lo que al sistema se le debiera pedir es que solamente evalúe los impactos ambientales.
Hay otra posición, la cual yo comparto, es que todo lo que es ambiental es social. Es imposible separar estas dos aristas. Todo lo ambiental repercute directamente en quienes viven ahí. Entonces, lo que propone la comisión es realizar una evaluación temprana, antes de que el proyecto ingrese al SEIA, y que en ese estudio participen quienes van a estar afectados por ese proyecto. Creo que es el camino. Sin embargo, este proceso se plantea como algo voluntario. Es decir, que las empresas que quieran hacerlo, lo hagan.
Sin duda la tendencia de realizar este procedimiento ha ido creciendo, porque las compañías han entendido que los conflictos con las comunidades finalmente se traducen en un problema económico, pero de todas formas es necesario aprobar un procedimiento nuevo, porque a todos nos conviene tener reglas más claras, aunque sean reglas más exigentes.
Entonces, ¿considera que debe ser obligatoria la participación temprana de las comunidades en los proyectos?
Sí, creo que este debe ser un proceso obligatorio, el cual debiera desarrollarse por lo menos un año antes de que el proyecto ingrese al SEIA. Porque hoy el procedimiento no está reglamentado, pese a que muchas empresas lo hacen. Por ejemplo, actualmente dan un plazo de 60 días para dar observaciones sobre un proyecto: este es un tiempo muy acotado tomando en cuenta que los informes son muy técnicos y extensos.
Además, luego que esas observaciones se mandan, no hay ninguna transparencia de que si esas observaciones fueron consideradas o no. Hoy día el nivel de influencia de las comunidades en los proyectos que lo afectarán directamente es mínimo. Esas comunidades debieran ser un actor que esté al mismo nivel que la empresa, para primero, poder entender de qué se trata, y segundo, poder influir en su diseño e implementación.
Hay que ser transparente con los impactos, porque muchas veces en ese diálogo la comunidad puede tener otros tipos de impactos que las empresas no ven. Ese diálogo permite ser más realista respecto a los efectos.
Y en ese diálogo entre las comunidades y las empresas, ¿qué rol debiera cumplir el Estado?
El Estado debiera ser un garante de que ese proceso se logre, que sea un proceso articulado, con etapas. De hecho, hace un tiempo participé en una iniciativa del ministerio de Economía para diseñar ‘acuerdos voluntarios de pre inversión’. Ahí creamos todo un protocolo que dura un año, donde la empresa toma contacto con las comunidades y se otorgan garantías para que el diálogo sea serio.
Se ha demostrado voluntad política en cómo puede mejorarse este aspecto. Lo propio está haciendo Valor Minero, con la ‘Institucionalidad de Diálogo Territorial’, la que esperan convertirla en política pública.
En la opinión de Andrea Sanhueza, al no haber canales efectivos de participación ciudadana, es comprensible que la gente termine acudiendo a la justicia. En la foto, organizaciones ciudadanas manifestándose en contra de la termoeléctrica Los Rulos.
Y en esta idea de que los actores sociales participen de un diálogo de igual a igual con el sector privado, y que el Estado figure como garante de este proceso, ¿quién debiera cumplir el rol de asesorar a las comunidades para que el debate sea completo e informado?
Ahí tocas un tema fundamental, que es la asimetría de la información. En otros países el Estado financia a un experto técnico, elegido por la comunidad, para asesorar a la ciudadanía local en la comprensión del proyecto. Esta es una idea que ha dado vueltas en Chile. Pero ahí hay otro desafío enorme. En general, los dirigentes son malos dirigentes, no hacen su tarea de representar a otros. Porque la tarea de ellos es transmitir las inquietudes de las comunidades, pero aquello no sucede siempre. Falta un liderazgo democrático de los dirigentes, y eso hay que cambiarlo.
Ahora, ¿quién es el que se hace cargo de eso? Bueno, es una tarea del Estado fortalecer el liderazgo comunitario que existe en el país, porque a todos nos conviene. Mientras más fuertes y sólidos sean esos líderes, el diálogo con el sector privado va a ser mejor.
Respecto a la política pública que está liderando Valor Minero, ¿considera que realmente hay voluntad de que las comunidades tengan un diálogo previo con el fin de que se entiendan estas partes?
La verdad, no sé. Ojalá que sí. Es cierto que esta política es muy acotada, porque el debate político sobre cómo usamos el territorio y cómo lo habitamos, no tiene espacio para la discusión. Entonces, el diseño de diálogo territorial de Valor Minero es destacable, pero también adolece de ese punto. O sea, es como decir, ‘no vamos a cambiar las reglas grandes, vamos a cambiar el cómo nos ponemos de acuerdo para que el proyecto traiga desarrollo’.
Tomando en cuenta que estamos en año de elecciones, ¿cree que falta un mayor pronunciamiento respecto al tema medioambiental por parte de los candidatos presidenciales?
Estos temas siempre están en las comisiones ambientales de los candidatos, pero no tienen un perfil muy alto. Ahora, el hecho de que al sector privado no le ha quedado otra que ponerse de acuerdo con la gente, ha permitido generar un cambio de paradigma o de cultura política enorme. Sin embargo, hay que pensar que el sector privado siempre ha hecho lo que ha querido, entonces decirles ahora que hay más reglas, cuesta.
Detrás de estas elecciones hay muchos intereses. Muchos candidatos tienen entre sus adherentes grupos que los apoyan por intereses económicos. Todavía no hay una masa crítica entre el empresariado que diga ‘sí, esto hay que hacerlo así’, siempre hay que empujarlos. Pero para allá va el camino. Espero que a nivel político el tema medioambiental tenga la fuerza que ha tenido la educación o el tema de las pensiones. La idea es que este aspecto sea de interés nacional, porque hoy efectivamente no lo es.
Mientras más fuertes y sólidos sean los representantes de las comunidades, “el diálogo con el sector privado va a ser mejor”, comenta Andrea Sanhueza. (Foto: Felipe Pinto)